Según la Organización Mundial de la Salud en un estudio publicado en julio de 2021, se calcula que 1 de cada 10 cigarrillos y productos del tabaco que se consumen en el mundo es ilegal. En España asistimos a cada vez un mayor número de noticias sobre el tema, llegando la Policía a desmantelar 25 fábricas ilegales de cigarrillos desde 2013 hasta marzo de 2021.
Graves consecuencias para muchos
La existencia de un mercado ilegal genera innumerables perjuicios para todos los agentes. Por un lado, el comercio ilícito facilita el acceso a productos fabricados sin ninguno de los controles de calidad y seguridad. Esto es crucial, ya que todos los productos de tabaco deben ser hechos por operadores autorizados, siguiendo estrictos parámetros y controles fijados por la Unión Europea o por reglamentaciones como el Protocolo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).
Además, estos productos ilegales generalmente usan canales que no tienen en cuenta los sistemas de control de acceso a menores. Los precios reducidos hacen también el producto más accesible para rangos de edad en los que, generalmente, el poder adquisitivo es más bajo.
Por otro lado, la venta de productos del tabaco fabricados ilegalmente tiene un enorme impacto en las arcas del estado y ponen en riesgo los ingresos por impuestos sobre la venta de tabaco. En acumulado a noviembre de 2021, estos impuestos ascendían a 6.151 millones de euros (un 1,9% más que en la misma fecha de 2020).
La fabricación ilegal afecta los ingresos del gobierno ya que la ausencia de fiscalización les permite no pagar impuestos. Esto puede provocar una acción en cadena: los ingresos gubernamentales disminuyen, el Estado puede decidir incrementar los impuestos, lo que puede generar, por consiguiente, un aumento de precio o de pérdida de margen para los fabricantes.
No menos importante es el perjuicio causado al comercio minorista. En España, la venta de tabaco solo puede hacerse en puntos de venta concretos. Los productos fabricados ilegalmente se salen de los canales establecidos, perjudicando no solo el negocio del minorista, sino también la imagen del sector.
La falsificación de cigarrillos es, por tanto, muy preocupante. En su gran parte, aunque sean visualmente muy parecidos a los originales, sino iguales, la fabricación ilegal no cumple con los requerimientos de calidad necesarios y los productos no pasan por controles sanitarios. Esto afecta directamente a los fabricantes legales del tabaco, las reglamentaciones públicas y el bienestar de los consumidores.
Plantas de producción ilegales
La Policía, entre junio de 2013 y marzo de 2021, ha desmontado 25 fábricas ilegales de cigarrillos. El acto ha sido parte de la operación Jaula de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que fue responsable de desalojar y desmontar 25 fábricas ilegales de cigarrillos, según datos del Informe de Inteligencia sobre la Fabricación Clandestina de Cigarrillos. Estas plantas de producción, además del perjuicio que causan por el tipo de producto, son también una amenaza en sí mismas.
Las condiciones de trabajo generalmente no son buenas, incluso se han llegado a instalar líneas en camiones móviles, para dificultar la persecución legal.
Además, suelen estar gestionadas por grupos de mafias que combinan esta actividad con otro tipo de actividades delictivas. Con todo, erradicar esta práctica no es fácil ya que, en cierto modo, cuenta con un cierto nivel de aceptación social ya que el ciudadano solo ve los precios más bajos, sin concienciarse de los problemas que esto conlleva.
¿Qué podemos hacer para colaborar con la solución?
En la Unión Europea, los países están comprometidos en cumplir con protocolos de seguridad, entre ellos el recientemente implementado sistema de trazabilidad. Sin embargo, el combate al comercio ilegal de tabaco no solo involucra a los gobiernos, sino que tiene que apoyarse en todos los agentes implicados en el proceso.
El gobierno tiene que implementar medidas para contener este tipo de acciones criminales, a su vez, los que comercializan productos de tabaco tienen que asegurarse de que están haciendo negocio con compañías e individuos de confianza, que cumplen con las leyes nacionales e internacionales. Asimismo, los consumidores tienen que tomar conciencia de que este problema afecta a toda una cadena que implica su propia salud, la mano de obra irregular, el mercado y la economía europea.
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